La reciente alza en las tarifas eléctricas en Chile, que comenzó a regir el 1 de julio de 2024, representa un desafío significativo para el país. Tras más de cuatro años de congelamiento de precios debido a decisiones de políticas públicas y la acumulación de una deuda de más de seis mil millones de dólares con las empresas de generación eléctrica y distribución ha derivado en un reajuste tarifario ineludible. Este descongelamiento se realiza en un contexto donde la economía de muchas familias y PYMES ya está tensionada, generando una mezcla de preocupación y descontento entre los consumidores.
El aumento hasta ahora comunicado por el Ministerio de Energía, será distribuido en tres fases (julio 2024, octubre 2024 y enero 2025) y tendrá un significativo impacto variando según la comuna y el nivel de consumo eléctrico. En la Región Metropolitana, por ejemplo, los aumentos serán del 18% para consumos de hasta 180 kWh, del 36% para consumos entre 180 y 400 kWh, y del 30% para consumos superiores a 400 kWh para clientes regulados. Estas cifras, por sí solas, no sólo implican un mayor gasto mensual directo en las cuentas, sino que también aumentarán indirectamente la presión sobre los hogares que ya luchan por equilibrar sus presupuestos al ver también reflejadas las alzas en los productos y servicios que adquieren.
La Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, aprobada como respuesta a esta situación, incluye la implementación de subsidios dirigidos al 40% de la población más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Este subsidio temporal, financiado en mayor parte por un cargo a los clientes de alto consumo y menor parte mediante recursos fiscales, es un paso importante para mitigar el impacto del alza en los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, muchos se preguntan si esta medida será suficiente y si llegará a tiempo para evitar mayores dificultades económicas para las familias afectadas.
A nivel estructural, este incremento tarifario también pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y fortalecer la infraestructura energética del país. La dependencia de sistemas de generación y contratos asociados a combustibles fósiles caros y poco sostenibles, combinada con políticas públicas efectistas a corto plazo, ha llevado a esta situación crítica. Las medidas para estabilizar las tarifas y ofrecer subsidios paliativos son necesarias, pero no abordan las raíces del problema. Es imperativo que Chile avance hacia una matriz energética más diversificada y sostenible, que no sólo sea capaz de satisfacer la demanda actual, sino también de soportar futuras crisis sin recurrir a ajustes abruptos que afectan directamente a los consumidores más vulnerables y quienes no tienen capacidad de reacción y gestión.
Si bien las medidas implementadas por el gobierno, como el subsidio temporal y mecanismos de estabilización, son necesarias y urgentes, también es crucial reconocer que han surgido tardíamente y no han sido comunicadas con suficiente claridad a los consumidores y legisladores. La gestión de la política energética ha sido reactiva más que proactiva, lo que ha exacerbado la situación actual. Un enfoque más planificado y preventivo podría haber mitigado mejor el impacto de la deuda acumulada y el descongelamiento tarifario sobre los consumidores.
Hay más de 100 años experiencia en el control de precios, por lo que es fundamental entregar las señales de precio correctas a los consumidores y otorgarles herramientas de gestión. En tal sentido, hacemos un llamado urgente a la modificación del decreto tarifario con el objetivo de establecer tarifas por bloques horarios y desplegar efectivamente la medición inteligente. Errar es humano, sin embargo, perseverar es diabólico.
¿El descongelamiento de tarifas afectará a los Clientes Libres?
Para los clientes libres, que son las empresas y consumidores de gran tamaño que negocian directamente sus contratos de suministro de energía, el alza de tarifas también trae consigo varios desafíos debido al aumento en los costos de transmisión, peajes de distribución y cargos por servicio público. Estos clientes verán un fuerte incremento en sus costos operativos, lo que impactará negativamente en su competitividad. Las industrias y grandes empresas, en particular, enfrentarán aumentos significativos en sus facturas de electricidad.
El primer factor que provoca esta alza es el descongelamiento de los peajes de distribución, afectando costos debido a la actualización del Valor Anual de Distribución (VAD), con incrementos esperados entre un 15% y un 20%, lo que representaría aproximadamente un 20% del costo total de suministro.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Energía publicó el nuevo Informe Técnico Definitivo para la fijación de los cargos únicos de transmisión, los cuales comenzarán a regir desde julio 2024, y que traen consigo alzas que oscilan entre un 1,5% a un 30% dependiendo del sector geográfico en donde se encuentren, representando aproximadamente un 15% del costo total de suministro.
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