Mucho revuelo ha causado la publicación del Informe Técnico Preliminar correspondiente a la fijación de precios del 1er semestre de 2023 de la Comisión Nacional de Energía (CNE). En él se refleja un aumento en las tarifas de energía eléctrica de 8% para los clientes regulados de bajo consumo y un incremento de 49% para clientes regulados de mayor consumo, alzas que se deberían concretar este año.
Si bien este es un aumento importantísimo para las PYME, que son la mayor parte de los clientes regulados de mayor consumo, de acuerdo con las cifras de la CNE, ese mismo segmento se verá enfrentado a una segunda alza luego de sólo seis meses de -ni más ni menos- 125% respecto de las tarifas actuales.
Estos aumentos se producen por dos razones. La primera es que se proyecta que se consumirá totalmente el segundo fondo de estabilización de tarifas, descongelando los precios para todos los clientes, y la segunda es que el descongelamiento para los segmentos de bajo consumo está limitado, con tasas máximas de incremento, en desmedro del de gran consumo. En otras palabras, las PYME terminarán financiando la nueva protección para los clientes de menor consumo.
Un alza de esta magnitud tendría un efecto devastador sobre muchas PYME, en especial sobre aquellas más intensivas en consumos de electricidad (panaderías, frigoríficos, etc). Yen un ambiente de bajo crecimiento económico y demanda agregada deprimida, lo lógico es pensar que el ajuste será vía remuneraciones con el consiguiente incremento en despidos. Lamentablemente, habrá también muchas otras que, ante tan elevado aumento de tarifas, no podrán sostener una mayor estructura de costos y simplemente quebrarán. Al final, por querer proteger las cuentas residenciales, se terminará impactando las fuentes laborales.
Todavía estamos a tiempo para atajar esta alza y esperamos que nuestra clase política pueda tener la altura de mira para velar por todos los consumidores, especialmente las PYME, que son el motor de nuestra industria. Es relevante analizar alternativas que permitan a los clientes conseguir ahorros, y cuando la tarifa no es favorable, hay que tratar de enfocarse en la cantidad de energía consumida. En esta línea, creemos que la mejor opción es volver a incentivar el despliegue de medidores inteligentes, para permitir una mejor gestión y eficiencia energética. Además, es sumamente importante acelerar la publicación de los decretos pendientes y sincerar los precios. Pareciera que los desfases en su publicación cumplen un objetivo más bien político que técnico, arrastrando el problema hacia el futuro. El sector eléctrico es literalmente la energía que mueve al país. Ya es hora de que todos tomemos esta coyuntura con la seriedad que amerita.
