El fondo de estabilización y emergencia energética (PEC1), que congeló las tarifas de electricidad y que fue aprobado post estallido social, se quedó sin dinero en el primer semestre de 2022. La extensión (PEC2) está pronta a consumir sus fondos hacia fines de este año. Los dos decretos que ajustaban y regularizaban las tarifas, y que debieron ser publicados en enero 2023, el primero, y en julio 2023, el segundo, siguen sin concretarse.
La fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) presenta ya un atraso de cuatro años. El penúltimo día de octubre nos enteramos de que el proyecto de estabilización comprometido por el gobierno para dicho mes y que vendría a hacer frente a las complejidades del sector, generadas en parte por los anteriores retrasos, fue postergado un mes. Independiente de las motivaciones originales para manipular un mercado de tal relevancia para el correcto funcionamiento de la economía y del país, lo anterior refleja no sólo la extraordinaria dificultad de pronosticar variables de por sí volátiles, sino que, además, deja ver la natural tendencia humana a postergar las decisiones difíciles.
